Es un anteproyecto de ley que modifica artículos del Código Penal y el Código Procesal Penal de Panamá en relación con delitos ambientales. Propone sanciones más severas para delitos como deforestación ilegal, tráfico de flora y fauna protegida, contaminación ambiental, minería ilegal y maltrato animal. También establece penas para funcionarios que incumplan normativas ambientales y refuerza la protección de defensores ambientales. Además, introduce medidas de reparación y mitigación del daño ambiental.