Este proyecto de ley crea la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible de la República de Panamá con el fin de reconocer, proteger y garantizar el derecho humano de toda persona a una nutrición suficiente, saludable y de calidad. Su objetivo principal es combatir la inseguridad alimentaria, la malnutrición y el hambre crónica —especialmente en los rangos de niñez y poblaciones vulnerables— mediante la reducción de pérdidas agrícolas, el fomento a la producción de pequeña escala y la estructuración de redes locales de apoyo alimentario. Para lograrlo, la normativa mandata la creación de un formato estandarizado para diseñar canastas normativas regionales, veda explícitamente a los establecimientos comerciales desechar alimentos aptos para el consumo humano y prohíbe el uso de sustancias dañinas en las etapas de empaque o producción. De igual forma, obliga a los municipios a estructurar y operar comedores comunitarios, implementar cadenas de frío para almacenamiento estratégico de semillas y formular planes de gestión de excedentes locales. Asimismo, instituye el Sistema Municipal de Alimentación Nutritiva (SIMUNAN) como el ente intersectorial permanente encargado de coordinar, fiscalizar y monitorear la Estrategia Nacional de Alimentación mediante indicadores públicos de rendición de cuentas, facultando simultáneamente la participación ciudadana a través de comités honoríficos de alimentación local. La propuesta fue presentada originalmente por la diputada Walkiria Chandler D'Orcy y un grupo de parlamentarios coproponentes el 5 de septiembre de 2024, siendo formalmente prohijada por la Comisión de Asuntos Municipales el 15 de octubre de 2024, ubicándose actualmente en espera de recibir primer debate.