Este proyecto de ley busca modificar el artículo 325 del Código Procesal Penal de Panamá para regular de manera estricta las requisas de personas y los registros vehiculares que realiza la Policía Nacional sin orden judicial previa. Su objetivo principal es evitar abusos y actuaciones arbitrarias en los retenes policiales, eliminando la imprecisión de la ley actual que permite a los agentes actuar bajo criterios subjetivos.