Esta propuesta legislativa tiene como finalidad regular la actividad de cabildeo en Panamá para promover la transparencia en la administración pública y prevenir actos de corrupción derivados de influencias indebidas en la toma de decisiones estatales. El proyecto establece la creación obligatoria de un registro público de cabilderos y de sus reuniones, administrado por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), exigiendo que quienes ejerzan esta actividad cuenten con una licencia y revelen sus clientes y posibles conflictos de interés. Además, se imponen prohibiciones estrictas para que servidores públicos o personas condenadas por delitos dolosos ejerzan como cabilderos, contemplando sanciones administrativas y la cancelación de licencias para quienes incumplan estas normas de ética y publicidad.
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