Esta iniciativa tiene como propósito modificar y adicionar disposiciones a la Ley 83 de 2012 para acelerar la modernización del Estado y la digitalización de trámites gubernamentales, buscando reducir la burocracia excesiva y mejorar la eficiencia administrativa. El anteproyecto obliga a las entidades públicas a simplificar procesos, implementar una pasarela de pago electrónico estatal unificada y garantizar que los trámites digitales no tengan un costo superior a los presenciales, prohibiendo expresamente la exigencia de gestiones físicas cuando ya exista una alternativa digital. Además, endurece significativamente las sanciones para los funcionarios que obstaculicen esta modernización por dolo o negligencia, elevando las multas hasta un 50% de su salario mensual para asegurar el cumplimiento de la norma.
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